Mientras que en los Estados Unidos un nuevo memorándum busca poner en peligro el reconocimiento ante la ley de las personas transgénero, América Latina sigue dando ejemplos: pese a las polémicas y potenciales objeciones planteadas a la ley hace semanas atrás, Uruguay finalmente le dio luz verde a una ley histórica en donde se reconocen los derechos integrales de toda la comunidad trans de ese país.

La decisión fue tomada por el Congreso en Uruguay con una amplia mayoría, con 62 de los 88 legisladores aprobando la medida que garantizará la protección del colectivo LGBTQI+ más vulnerable de ese país. El proyecto de ley fue promovido por el gobierno encabezado por el partido Frente Amplio (FA), y ahora la iniciativa pasará directamente al Poder Ejecutivo para que se convierta en una ley oficial.

La nueva ley establece un marco para revertir acciones discriminatorias, además de garantizar a las personas trans el pleno ejercicio de sus derechos. La nueva normativa estipula el “libre desarrollo de la personalidad de acuerdo con la identidad de género elegida, independientemente de su carácter biológico, genético, anatómico, morfológico (o) hormonal”. Además, brinda a los menores de 18 años la posibilidad de someterse a la cirugía de cambio de sexo, con el previo consentimiento de sus padres.

Padyjeef, nombre artístico de una drag queen montevideana de 21 años que estuvo a las afueras del Parlamento mientras se emitía el voto y que estuvo acompañada de cientos de jóvenes que apoyaban la aprobación del proyecto, declaró que la nueva ley iba a traer cambios positivos para una población marginada:

“A nadie le gusta verse de una forma y llamarse de otra. Nos va a ayudar a todos y todas las trans. El apoyo del Estado es importante”.

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En el caso de que un menor de edad desee acceder a los tratamientos hormonales, el primer paso es que los padres den su consentimiento. Si no hay tal acuerdo, el menor puede apelar al artículo 110 del Código Civil, en el que se da prioridad al interés superior del niño, para que un equipo médico pueda recurrir al proceso judicial, y que, finalmente, un juez autorice tales tratamientos.

El camio de nombre y género en los documentos de identificación también está autorizada, en la nueva ley, que adicionalmente garantizará que las personas transgénero reciban un cierto porcentaje fijo de becas educativas públicas y privadas, que al menos el 1° forme parte de la nómina estatal, y que tengan acceso total al Sistema Nacional Integrado de Salud, que además correrá con los costos de aquellos que quieran hacerse operaciones de reafirmación de género, aunque no se encargarán de cambios exclusivamente estéticos.

Antonella Fialho, una mujer trans de 52 años que quedó parcialmente sorda como consecuencia de los golpes que recibió durante la dictadura, dijo que confiaba en que la ley traería finalmente justicia a una realidad marcada por la inequidad: “No somos todos iguales, tenemos que empezar a ser todos iguales”.

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