El Tribunal Constitucional de Uganda confirmó la ley del país de “matar a los gays”, negándose a anular o suspender la ley de 2023 que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Sin embargo, el tribunal sí encontró que partes de la ley eran “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

El tribunal, conformado por cinco miembros, de cinco miembros emitió su fallo unánime de 200 páginas esta semana en respuesta a una petición contra la Ley Anti-Homosexualidad de 2023 presentada por dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala. Los profesores, que son activistas de derechos humanos y legisladores del partido político Movimiento de Resistencia Nacional del presidente Yoweri Museveni, dijeron que la ley viola derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

En su petición, también dijeron que la ley viola los compromisos de Uganda en virtud de tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La ley, además de los castigos contra la homosexualidad, también impone una pena de prisión de 20 años para las personas y organizaciones que “promuevan” la homosexualidad en Uganda. El tribunal comenzó a conocer el caso en diciembre pasado.

“[El tribunal basó su] decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas o sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, cuando menos, extraño”, dijo el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo. “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En esa medida, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden dar”, añadió. La ley de 2023 ha sido considerada uno de los proyectos de ley anti-LGBTQI+ más extremos del mundo y ha provocado la condena internacional. Las Naciones Unidas y grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

En agosto pasado, un ugandés de 20 años que tuvo relaciones sexuales con un hombre de 41 fue el primero en ser arrestado bajo la nueva ley. Casi al mismo tiempo, cuatro ugandeses en un salón de masajes fueron arrestados por “actos de homosexualidad”. En enero, Steven Kabuye, un importante activista LGBTQI+, fue brutalmente apuñalado; culpó a la ley antigay de Uganda. Hablando del fallo del tribunal, Kabuye dijo que, como resultado, la comunidad LGBTQI+ local ha sido “empujada aún más en la oscuridad”, y agregó: “El precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

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