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Perspectives

Tribunal Supremo de España inhabilita a Quim Torra, president de Cataluña

Quim Torra. Fotografía: El Mundo
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El Tribunal Supremo de España le prohibió esta mañana al presidente regional de Cataluña el acceso a su despacho por negarse a retirar una pancarta que pedía la liberación de los líderes separatistas encarcelados y que se exhibía en un edificio público antes de las elecciones generales de 2019.

La decisión del lunes de que Quim Torra desobedeció la ley electoral española desencadena un nuevo período de incertidumbre en la región del noreste de España. Según la normativa vigente, el diputado de Torra debe asumir la presidencia hasta que se celebren nuevas elecciones.

Los activistas separatistas reaccionaron llamando a protestas en la capital regional, Barcelona.

En su fallo, el panel de jueces acordó por unanimidad confirmar la decisión del año pasado de un tribunal inferior de prohibir a Torra el ejercicio de cualquier cargo público durante 18 meses y multarle con 30.000 euros.

Torra, un acérrimo separatista que se convirtió en el jefe del gobierno de Cataluña tras la campaña de 2017 para la independencia de la región de España, había criticado anteriormente el caso como un acto de represión contra el mandato democrático de los votantes de la región. Torra había permanecido al frente de Cataluña durante la apelación, pero la decisión del lunes debe ser implementada incluso si el caso es llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como prometió el equipo de defensa de Torra.

La pancarta en el centro del caso hacía referencia a una docena de ex miembros del Gabinete catalán, legisladores y activistas que fueron encarcelados o huyeron de España tras la declaración de independencia en octubre de 2017. El tribunal dijo que Torra había desobedecido “obstinadamente” a la junta electoral del país al negarse a bajarla desde un balcón en la sede del gobierno regional.

En las audiencias, Torra y sus abogados defensores habían argumentado que estaba defendiendo la causa superior de los derechos políticos y humanos. Pero los jueces del Tribunal Supremo dijeron que la orden de la junta electoral no violaba el derecho de Torra a la libertad de expresión y solo limitaba lo que podía hacer en su papel de funcionario elegido.

Torra, que en el pasado había alentado actos de desobediencia civil en respuesta a las sentencias judiciales españolas, dijo que apelaría el fallo.

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