Singapur ejecuta a una tercera persona por delitos de drogas en poco más de una semana

Singapur llevó a cabo su tercera ejecución por delitos de drogas en poco más de una semana, ahorcando a un ciudadano de 39 años por traficar con 54 gramos de heroína. Mohamed Shalleh Abdul Latiff, de etnia malaya y que trabajaba como conductor de reparto, fue ahorcado en la prisión de Changi tras recibir el debido proceso, informó el jueves la Oficina Central de Narcóticos de Singapur. Según la oficina, la cantidad de heroína incautada era suficiente para abastecer a más de 600 personas durante una semana.
El ahorcamiento de Shalleh se produce apenas unos días después de que las autoridades de la ciudad-estado ejecutaran a Saridewi Binte Djamani, de 45 años, y Mohd Aziz bin Hussain, de 57, por tráfico de drogas, lo que provocó la protesta de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos. Singapur, conocido por la dureza con que castiga los delitos, ya ha ejecutado a 16 personas, entre ellas extranjeros, por delitos de narcotráfico desde que puso fin a una pausa de dos años en las ejecuciones en la horca durante la pandemia del COVID-19.
Durante su juicio, Mohamed Shalleh había alegado que un amigo al que debía dinero le había engañado haciéndole creer que entregaba cigarrillos de contrabando, pero un juez rechazó su defensa tras dictaminar que su relación no era lo suficientemente estrecha como para justificar ese nivel de confianza. Es probable que la última aplicación de la pena de muerte en Singapur se sume a la creciente presión internacional sobre el país del Sudeste Asiático para que reforme su legislación en materia de drogas.
El mes pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una moratoria sobre el uso de la pena de muerte en Singapur, calificándola de “incompatible con el derecho fundamental a la vida y al derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos inhumanos”. A pesar de la imagen de Singapur como centro financiero internacional altamente eficiente, el trato que la ciudad-estado dispensa a los delincuentes relacionados con las drogas la sitúa en compañía de un reducido número de Estados autoritarios como China y Corea del Norte.
Las leyes de este país del sudeste asiático imponen la pena capital a quienes trafiquen con más de 500 gramos de cannabis y 15 gramos de heroína. Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que la ley hace poco por frenar el consumo de drogas y afecta desproporcionadamente a los delincuentes de poca monta. El gobierno de Singapur, que restringe estrictamente la independencia de los medios de comunicación, las protestas públicas y la oposición política, ha defendido el uso de la pena de muerte como medida disuasoria eficaz contra la delincuencia y ha citado encuestas que muestran que una gran mayoría de ciudadanos apoya la ley.
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