Seis meses de cárcel por acosar y grabar a una persona trans en Valencia
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis meses de prisión a un joven por acosar, insultar, perseguir y grabar a una persona trans por motivos relacionados exclusivamente con su identidad de género. Los hechos ocurrieron en junio de 2022 en un parque del barrio valenciano de Patraix, cuando el acusado, que acababa de cumplir dieciocho años, actuó junto a una pandilla integrada mayoritariamente por menores de edad. La sentencia considera probado que el ataque tuvo un carácter discriminatorio y se enmarca dentro de los delitos cometidos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Según el relato judicial, el condenado y al menos otros cinco jóvenes abordaron a la víctima en un espacio público, comenzaron a insultarla con expresiones vejatorias, la persiguieron de forma intimidatoria y grabaron los hechos con sus teléfonos móviles para burlarse posteriormente. Entre los insultos proferidos figuraban expresiones de contenido transfóbico mientras la víctima intentaba huir. Dos de los menores implicados ya fueron juzgados con anterioridad y cumplen medidas de libertad vigilada por un delito de lesiones relacionado con estos mismos hechos.
La fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert, subrayó durante el procedimiento —y así lo recoge la sentencia— que el acusado actuó “cobardemente y aprovechándose de la notable desproporción de fuerzas que les confería el número de atacantes”. El tribunal concluye que la persecución, la exposición pública, la grabación de los hechos y el tono reiterado de desprecio “cristalizaron en un sentimiento de inseguridad, miedo y grave humillación” que menoscabó gravemente la dignidad de la víctima.
Aunque inicialmente el acusado se enfrentaba a dos años de prisión, la pena fue rebajada tras reconocer los hechos, pedir perdón en sede judicial y aceptar la responsabilidad penal. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial suspendió la ejecución de la pena al carecer de antecedentes computables, condicionándola a no delinquir durante dos años y al pago de 1.000 euros de indemnización por daños morales, además de una multa de 720 euros. El fallo vuelve a poner el foco en la persistencia de la violencia transfóbica en espacios públicos y en la necesidad de una respuesta judicial clara frente a los delitos de odio.
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