Robert John “RJ” May III, legislador republicano de Carolina del Sur, Estados Unidos, renunció a su cargo en la Cámara de Representantes recientemente tras ser arrestado el pasado mes de junio por cargos relacionados con la distribución de material de abuso sexual infantil. May, quien representaba al distrito 88 y fue estratega del Freedom Caucus de Carolina del Sur, enfrenta 10 cargos federales por compartir imágenes de abuso sexual infantil. En su carta de renuncia fechada el 7 de agosto, May declaró: “He decidido que es en el mejor interés de mi familia y de mis electores renunciar inmediatamente a la Cámara de Representantes de Carolina del Sur”.

May, de 38 años, fue detenido y permanece sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Edgefield mientras espera el inicio de su juicio. Según documentos judiciales, usó el alias “joebidennnn69” para intercambiar más de 200 archivos con imágenes sexuales de niños a través de la aplicación de mensajería Kik y su red Wi-Fi doméstica. Los cargos que enfrenta conllevan penas de entre cinco y veinte años de prisión, además de multas y supervisión tras la condena.

Durante su carrera política, May se destacó por sus posturas anti-LGBTQI+, apoyando prohibiciones contra la atención médica para personas trans y espectáculos de drag dirigidos a menores, argumentando que era para “proteger la inocencia infantil”. En 2023, defendió leyes que limitaban el acceso de menores a cuidado de afirmación de género y a eventos de drag, calificando estos últimos como “material dañino para menores”. Además, estuvo vinculado como orador en eventos de Moms for Liberty, un grupo catalogado como anti-LGBTQI+.

La renuncia de May fue aceptada de inmediato por Murrell Smith, presidente de la Cámara de Carolina del Sur, quien expresó que las oraciones están con las víctimas y que buscan “justicia y responsabilidad”. La Freedom Caucus de Carolina del Sur, cofundada por May, calificó su renuncia como “más que tardía” señalando que el distrito merece una representación “verdadera y honorable” y que el cuerpo legislativo debería haberlo expulsado tras su acusación.

Este caso pone de manifiesto una vez más las contradicciones entre las políticas públicas de políticos conservadores, en defensa de una supuesta protección infantil, y las acusaciones que algunos de ellos terminan enfrentando.

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