En los últimos días, el presidente ruso Vladímir Putin firmó una ley que penaliza la búsqueda en Internet de materiales oficialmente catalogados como “extremistas”. La norma, aprobada por el Parlamento ruso, establece multas para quienes consulten este tipo de contenido en línea. Esta legislación entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y representa un nuevo esfuerzo del Kremlin para controlar el acceso a la información y reforzar la censura en Rusia.

El concepto de “material extremista” en Rusia es amplio y abarca desde obras con contenido nazi o fascista, como Mein Kampf de Hitler, hasta libros, películas y canciones críticas con el Kremlin o la guerra en Ucrania. Entre los últimos, se incluyen contenidos como la película antifascista Rusia 88 o canciones de raperos y grupos punk prohibidos, como Pussy Riot. Además, se incluyen personas y organizaciones consideradas opositoras o incómodas para el régimen, como Alexéi Navalni y la Fundación Anticorrupción, el movimiento LGBTQI+ internacional y plataformas como Meta y sus redes sociales.

Las autoridades anuncian que la ley no pretende sancionar indiscriminadamente a todos los usuarios, sino aplicar castigos ejemplares a personas objetivo para disuadir la consulta de estos contenidos. Sin embargo, la definición vaga del término “extremista” genera incertidumbre y temor ante posibles abusos. La ley da poderes a la policía y al servicio de inteligencia FSB para supervisar y sancionar accesos al contenido prohibido, incluso de forma remota mediante datos de navegación solicitados a plataformas locales como VK.

Los críticos advierten que esta legislación es una “criminalización de la lectura” y un paso para aumentar el control estatal sobre la libertad de expresión en Internet. Según activistas, estas multas podrían aumentar y derivar en procesos penales, y se teme que pronto ser acusado de “extremismo” pueda equivaler a prohibir incluso el acceso a información crítica o disidente. Este fenómeno recuerda la represión en Bielorrusia, donde se persigue y castiga incluso el consumo de noticias consideradas “incorrectas”.

Paralelamente a esta ley, Rusia está desarrollando su propia app de mensajería, Max, para sustituir a WhatsApp, usada por más del 70% de la población. Esta aplicación, vinculada a VK y controlada por el FSB, permitirá a los servicios secretos espiar comunicaciones privadas. La presión para limitar plataformas extranjeras continúa, como la posible exclusión de WhatsApp del mercado ruso, en una campaña para reforzar el dominio digital nacional y restringir libertades online.

Por último, la nueva legislación también prohíbe la promoción de servicios de VPN, usados por la mayoría para evadir la censura estatal y acceder a contenido bloqueado. Además, Roskomnadzor, el órgano de control de Internet en Rusia, está intensificando el bloqueo a sitios web y contenidos disidentes, aumentando la supervisión y censura en la red.

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