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Perspectives

México: Proyecto de ley propone pena de muerte para feminicidios, violaciones y homicidios dolosos

Luego de los asesinatos de Ingrid Escamilla y Fátima Aldrighetti, un grrupo de diputados busca la pena máxima para los culpables de estos crímenes. Fotografía: ABC
Words mor.bo

Durante las últimas semanas, México fue sacudido por dos de los feminicidios más violentos de los últimos años: primero fue el de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años de edad, quien fuera asesinada a cuchilladas por su pareja, quien después la desolló y le quitó los órganos para esconder la evidencia antes de confesar a la policía en un impactante video. Luego llegó el secuestro y asesinato de Fátima Aldrighetti, una niña de apenas siete años de edad, cuyo caso conmovió a todo el continente y que todavía se encuentra bajo investigación.

Debido al aumento de feminicidios en la nación latinoamericana (en el 2019 se registraron 976 mujeres asesinadas, y en el 2020 ya se acercan a 12), un grupo de diputados mexicanos del partido gobernante Morena, así como el contingente del Partido Verde (PVEM) presentaron esta semana una propuesta para permitir la pena de muerte en casos de femicidio y homicidio agravado.

Bajo el proyecto, que busca derogar la prohibición de la pena capital como se establece en el artículo 22 de la Constitución mexicana, los violadores que posteriormente maten a sus víctimas, los asesinos de mujeres menores de edad y las personas declaradas culpables de homicidio agravado podrían ser condenados a muerte.

Los diputados argumentaron que ni siquiera la amenaza de la cadena perpetua parece ser suficiente para disuadir a a las personas de cometer crímenes de extrema crueldad, así que el Estado tiene la obligación de castigar a los criminales más despiadados con la severidad que se merecen.

“Es deber y obligación del Estado enfrentar a los criminales más desalmados con la severidad que se merecen y creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes”, dice la exposición de motivos de la propuesta. Vale la pena destacar que la idea no busca cambiar ninguna otra parte del Artículo 22, que también prohíbe los castigos físicos como la mutilación y la tortura.

Al parecer, algunos legisladores de la cámara alta del Congreso también plantearon la idea de reconsiderar los méritos de la pena de muerte tras los feminicidios de Escamilla y Fátima, cuyas muertes conmocionaron a los mexicanos y llevaron a la organización de una huelga nacional de mujeres el 9 de marzo.

El senador Víctor Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional, propuso la semana pasada celebrar un debate sobre si los hombres declarados culpables de los feminicidios de niñas y mujeres deben ser condenados a la pena de muerte. Dijo que se podría invitar a participar en el debate a expertos de países como Estados Unidos y Japón, donde todavía existe la pena capital.

Sin embargo, el líder del partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se apresuró a verter agua fría sobre la idea de que la pena de muerte podría legalizarse en México. “Debido a las circunstancias y a la crisis que ha vivido el país en los últimos años, no se pueden establecer penas tan bárbaras”, dijo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ese tipo de condena “no es una alternativa” para el país.

Incluso si hubiera suficiente apoyo entre los legisladores para legalizar la pena de muerte, el derecho internacional se interpondría en su camino, ya que México es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que muchos países del hemisferio occidental firmaron en San José (Costa Rica) en 1969. El artículo 4 de la convención, titulado “Derecho a la vida”, establece que “la pena de muerte no se restablecerá en los Estados que la hayan abolido”.

Sin embargo, eso no ha impedido que los legisladores hayan presentado en los últimos años propuestas para reintroducir la pena capital. Tres de esas propuestas se presentaron durante el período de tres años del Congreso, entre 2006 y 2009, y otra siguió en el período 2009-2012 de la legislatura subsiguiente. Todas fueron rechazadas.

La pena capital se remonta a la época prehispánica en el territorio que hoy se conoce como México, pero está prohibida desde hace casi un siglo. El pueblo azteca o mexica, por ejemplo, imponía la pena de muerte mediante decapitación, lapidación y ahorcamiento, entre otros métodos.

Un código penal elaborado en el México independiente en 1835 permitió que los delincuentes condenados fueran asesinados con pistolas o garrotes, pero la pena de muerte fue abolida en 1869. Sin embargo, se reintrodujo dos años más tarde antes de ser abolida nuevamente a nivel federal en 1929.

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