Los enfrentamientos en las calles y la toma de diversas instituciones en las últimas semanas protagonizadas por grupos feministas en la Ciudad de México ha generado una escalada en la tensión política entre estos grupos y las autoridades, que dieron como resultado una serie de acusaciones hechas por el Gobierno federal este lunes. El hartazgo parece haber hecho estragos en las dos partes y el enfrentamiento en las marchas a favor de la despenalización total del aborto, convocadas este lunes, entre manifestantes y policías se intensificó en las calles del centro de la capital mexicana

La protesta de grupos feministas, cuyas integrantes sacaron los pañuelos verdes y se enfrentaron a la policía que las impedía avanzar, dio como resultado agentes heridas, fogatas, destrozos y lanzamiento de botes de humo. Como en otras oportunidades, estas marchas, protagonizadas por jóvenes envalentonadas que visten de negro y cubren sus caras, terminó en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y contra los periodistas de los medios de comunicación que cubrían la manifestación. Desde hace días se registran concentraciones frente al Palacio Nacional de víctimas de violencia de género y sigue ocupada por estos mismos colectivos la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

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La jefa de gobierno local, Claudia Sheinbaum, realizó una rueda de prensa con el propósito de desenmascarar a la persona que, según ha dicho, financia la toma de la sede de la Comisión de Derechos Humanos, en la que aún permanecen encerradas un puñado de activistas Desde la Secretaría de Gobernación acusó al grupo más radical de activistas ellas de estar cobrando a sus compañeras, víctimas también, hasta 3.000 pesos por acercarlas hasta servicios de asesoramiento que presta el Gobierno de forma gratuita. Sheinbaum acusó a María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Recursos Humanos de la empresa de subcontratas Gin Group, de financiar a las activistas que tienen tomada la CNDH, donde aún permanece una decena de feministas. La jefa de gobierno aseguró que Gasca Acevedo es una mujer de “altos recursos económicos” a la que se ha visto repartiendo víveres desde un coche de lujo para la manutención de las encerradas, y la acusó de facilitar la subasta de los cuadros intervenidos en dicha institución.

Por otra parte, en la rueda de prensa mensual ofrecida por Gobernación, la directora de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, también ha acusó a algunos de estos colectivos feministas de cobrar a víctimas de violencia de género por acudir a los servicios que presta esta unidad, del todo gratuitos.

Gasca Acevedo fue inmediatamente apartada de sus funciones en la empresa, que se desentendió del apoyo que ha prestado a los grupos de ocupación, según reseña El País. La acusada publicó una carta en la que reconoce que le suministró víveres a las feministas y reclamó la intervención de las administraciones a todos los niveles para erradicar la violencia contra las mujeres, demandas “legítimas e impostergables”.

“Mi trabajo y mi desempeño profesional y mis logros profesionales no tienen que ver con mis convicciones como mujer, con mi lucha feminista ni con mi empatía hacia las madres de los desaparecidos”.

Vale la pena destacar que la Ciudad de México es uno de los pocos estados del país que tiene legalizado el aborto, pero algunas concentraciones frente al Palacio Nacional subieron los ánimos en el ambiente en los últimos días, que venían ya caldeados desde la ocupación de la sede de la CNDH a principios de septiembre.

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