El año 2013 fue uno de cambios para Uruguay: luego de un tiempo de haberse propuesto de manera oficial la legalización de la marihuana, el país sudamericano finalmente dio el primer paso, dándole aproximadamente a unas 35.000 personas la posibilidad de registrarse para acceder al cannabis a través del autocultivo, los clubes o las farmacias.

De hecho, la propuesta ha sido tan exitosa, que el pasado abril nos enteramos de que la microproducción aprobada por el gobierno ya no alcanza para satisfacer la demanda que hace que las farmacias y dispensarios hayan tenido que recurrir a la repartición de números para las multitudinarias filas que se forman todos los días, de hasta 4 o 5 cuadras de longitud.

Si bien es cierto que con la legalización el gobierno de Uruguay efectivamente ha logrado que el mercado negro de la droga haya disminuido (particularmente en lo que respecta a marihuana), esto también ha originado que especialmente en el último año se haya registrado un aumento en la violencia entre narcotraficantes ilegales.

Además del mercado de revendedores que existe entre los usuarios legales que a veces regalan o revenden la droga entre las personas de su entorno, la red de narcotráfico ha comenzado a luchar de manera más férrea por el control de los puntos de venta en las calles (muchas veces cerrados por las autoridades), o por buscar nuevas sustancias que vender: recientemente, sustancias de menor costo como la pasta base (un desecho de la cocaína) se venden en menor cantidad para favorecer drogas sintetizadas como el MDMA.

Según explica Marcos Baudean, investigador de la universidad uruguaya ORT, y quien ha venido realizando un seguimiento del impacto de la ley de legalización en la seguridad pública del país, el narco parece haber perdido una cuarta parte de las ganancias del mercado de las drogas con la legalización, lo que ha generado una violencia sostenida y creciente.

“Cuando tanto dinero pasa en tan poco tiempo al mercado legal, alguien tiene que haber acusado el golpe, y justamente eso está coincidiendo con un claro aumento de las disputas localizadas en ciertas zonas, en general en barrios periféricos pobres de Montevideo, donde se ha instalado el narcotráfico. Pensamos que se están produciendo un estrangulamiento en el mercado ilegal”.

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Según cifras no oficiales, los primeros seis meses de este año arrojaron un aumento en los asesinatos (215 en comparación con 131 del 2017), y de acuerdo con la ONG uruguaya Fundapro, las cifras sentarían un precedente histórico en caso de confirmarse por el Ministerio del Interior, que aún no revela sus propios números, pero que sin embargo está de acuerdo con la remontada de violencia, pues tan solo el año pasado casi la mitad de los homicidios tuvieron que ver con peleas por el control de territorio entre narcos.

Este tipo de tensiones sin duda es una consecuencia que no sorprende cuando hay un cambio cultural de este tipo y tan rápido en cuanto a las drogas. Sin embargo, las autoridades esperan que el alza en la violencia no termine convirtiéndose en un problema generalizado: este año por primera vez una encuesta nacional en Uruguay mostraba que la mayoría de la población estaba de acuerdo con la legalización, y esta espiral de violencia podría poner en peligro el delicado apoyo de la opinión pública.

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