Luigi Mangione evita la pena de muerte tras desestimar la jueza los cargos de asesinato
La jueza federal Margaret Garnett resolvió este viernes que Luigi Mangione, de 27 años, no podrá enfrentar la pena de muerte en el proceso federal por el asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare. La magistrada desestimó los cargos de asesinato y tenencia ilícita de armas que hacían elegible la pena capital y señaló que su decisión se basa en una lectura estricta de la ley, incluso si puede parecer impopular. En su resolución escrita, afirmó que el fallo podía resultar “contrario a la intuición”, pero que respondía a “la interpretación obligatoria del marco legal vigente”.
El caso se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando Thompson fue asesinado a tiros frente a un hotel en Midtown Manhattan. Mangione fue detenido días después en Pensilvania y acusado inicialmente de varios delitos federales. Sin embargo, la jueza concluyó que los cargos más graves no cumplían con la definición legal de “delito de violencia” exigida para aplicar la pena de muerte. Según el fallo, extender esa interpretación “iría más allá de lo que el Congreso estableció expresamente en la ley”.
Tras la decisión judicial, Mangione continúa imputado por dos cargos federales de acoso interestatal, además de enfrentar procesos paralelos en tribunales estatales de Nueva York, donde está acusado de asesinato en segundo grado. En ese ámbito, la pena de muerte no existe. La fiscalía reconoció que, aunque la pena capital queda descartada, el acusado aún podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es hallado culpable.
El caso ha provocado un debate público que trasciende el ámbito judicial. Parte de la atención mediática se ha centrado en el perfil de la víctima y en las críticas al sistema de salud estadounidense, así como en la decisión del Departamento de Justicia de haber impulsado la pena de muerte. La jueza Garnett subrayó que el tribunal “no legisla desde el estrado”, sino que aplica la ley tal como está escrita, una afirmación que refuerza el carácter técnico del fallo en un caso cargado de tensión social y política.
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