Esta semana, una nueva propuesta de ley causó controversia en Puerto Rico luego de que varios diputados del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) propusieran un proyecto que condena hasta a 25 años de cárcel a las mujeres que aborten después de la décima semana de embarazo. El revuelo que causó el proyecto 1644 fue tal, que provocó que dos de los tres auspiciadores de la medida (José González Mercado y Er Yazzer Morales Díaz) solicitaran que sus nombres fueran retirados del mismo.

“Parece mentira que en el Día Internacional de la Mujer tengamos que recordarle a la Legislatura que el estado de derecho en Puerto Rico es que el aborto está permitido para proteger la vida, la salud física y mental de la mujer embarazada”, dijo el senador Rafael Bernabé, del partido Movimiento Victoria Ciudadana, quien calificó la medida de “retrógrada, injusta, insensible y contraria a los derechos humanos y constitucionales de Puerto Rico” en un comunicado.

Desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el histórico veredicto conocido como Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto desde 1973, en Puerto Rico se presentaron numerosos proyectos de ley que restringían el aborto, todos los cuales fracasaron. ¿La diferencia? Bajo la Constitución federal, el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.

Tras la propuesta, el senador Rafael Bernabé, instó a la legislatura a aprobar el Proyecto de Ley 929 del Senado, que propone “proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres embarazadas estableciendo una política pública que afirme el derecho a la interrupción del embarazo como un servicio básico de salud”, que fue apoyado por Estrella Martínez Soto, del Partido Popular Democrático, quien aseguró que el proyecto original no puede ser aceptado “bajo ninguna circunstancia” y que será “combatido”.

“No podemos ser cada vez más esclavas de las políticas del Gobierno que nos atacan a las mujeres. Nos persiguen. Por eso, no puedo permitir que las condenen ni que sean víctimas de estigmatización, discriminación, agresión y rechazo social”, subrayó. El pasado 28 de febrero ya se había presentado otro proyecto de ley que pretendía criminalizar el aborto en Puerto Rico mediante la modificación del artículo 98 del Código Penal.

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