La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes no revisar una petición presentada por Kim Davis, exsecretaria del condado de Rowan, Kentucky, quien se negó a emitir licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo tras el fallo histórico en Obergefell v. Hodges (2015). Con esta decisión, el tribunal evita que se reabra un caso que marcó un antes y un después en los derechos civiles del país, manteniendo vigente la protección constitucional del matrimonio igualitario.

Davis había solicitado que la Corte revocara tanto la orden que le imponía pagar aproximadamente USD 360.000 en daños y honorarios a una pareja a la que negó una licencia, como la propia base del fallo Obergefell. Su defensa argumentaba que su libertad religiosa, amparada por la Primera Enmienda, le permitía negarse a cumplir la ley. Sin embargo, los tribunales inferiores rechazaron esa justificación: la United States Court of Appeals for the Sixth Circuit determinó que Davis, como funcionaria pública, no podía invocar sus creencias personales para negar derechos constitucionales a otras personas. Como escribió el juez Anthony Kennedy en la decisión de 2015: “Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, porque encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia”.

El caso resurgió en un contexto judicial tenso, marcado por una Corte de mayoría conservadora desde la revocación del derecho constitucional al aborto en 2022 mediante Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Ese precedente hizo temer que otros derechos —como el matrimonio igualitario— pudieran ser revisados. Pero al rechazar la apelación de Davis, los jueces enviaron una señal clara sobre la estabilidad del fallo Obergefell, y con ello del derecho de las personas del mismo sexo a casarse.

El impacto de esta decisión se extiende más allá del caso puntual: reafirma que los servidores públicos no pueden usar creencias religiosas para negar derechos civiles. También preserva la seguridad jurídica de miles de parejas que se casaron y formaron familias bajo la protección de Obergefell. Tras su encarcelamiento en 2015 por desacato, Davis fue liberada luego de que su personal emitiera las licencias en su nombre, y más tarde perdió su reelección en 2018.

Aun así, el debate persiste. Grupos conservadores y organizaciones que respaldan a Davis han advertido que seguirán buscando vías legales para desafiar el matrimonio igualitario. Para la comunidad LGBTQ+, el fallo representa una victoria significativa, pero también un recordatorio de que los derechos conquistados no son inamovibles: requieren defensa constante frente a los intentos de retroceso.

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