El Consejo de Ministros español aprobó este martes un anteproyecto de reforma de la ley del tabaco que prohíbe fumar en terrazas, limita el vapeo y, por primera vez en la nación europea, veta el consumo de tabaco y productos relacionados en menores de edad, no solo su venta. La medida busca adaptarse a los nuevos desafíos sanitarios y proteger la salud pública, aplicándose en espacios exteriores, accesos a edificios públicos y vehículos laborales. La ley debe pasar ahora por el Congreso, donde no tiene garantizada la mayoría.

Esta reforma incluye la ampliación de la prohibición para fumar en exteriores, especialmente en terrazas de hostelería, recintos de espectáculos públicos, instalaciones deportivas y parques infantiles. Además, prohíbe fumar a menos de 15 metros de accesos a edificios públicos, hospitales, colegios y otros espacios sensibles. El consumo queda vetado también dentro de vehículos laborales, espacios universitarios, hospitales y recintos culturales.

Por primera vez, la ley equipara legalmente los cigarrillos electrónicos y otros productos de vapeo con el tabaco convencional. Estará prohibido su uso, venta y publicidad en menores y en espacios públicos cerrados y abiertos regulados. También se eliminarán los vapeadores de un solo uso por su impacto ambiental y su atractivo para jóvenes, además de prohibirse sabores en estos dispositivos para atacar su popularidad adolescente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la norma asegurando que “vuelve a poner a España en la vanguardia de la lucha del tabaco”. García destacó que el tabaquismo provoca 50.000 muertes anuales en el país y remarcó la necesidad de adaptarse a los nuevos productos y hábitos, señalando que “la verdadera libertad es respirar un aire limpio, vivir más y mejor”.

El anteproyecto no incluye finalmente el empaquetado genérico, una medida muy apoyada por expertos para reducir el inicio del tabaquismo, debido a discrepancias internas en el Gobierno y a un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Esta acción habría obligado a que todas las cajetillas fueran iguales, sin marcas ni logos visibles, como ya ocurre en más de 20 países.

Finalmente, la nueva norma también introduce un Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, que coordinará políticas públicas y publicará informes cada dos años sobre el cumplimiento de la ley. Sin embargo, su éxito dependerá del apoyo político que reciba en el Congreso, donde la ministra García espera que prime la salud pública sobre intereses comerciales y que se mantenga el consenso social existente.

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