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Perspectives

España pide expulsión de diplomáticos como respuesta a ataques diplomáticos de Bolivia

La crisis diplomática entre Bolivia, México y España escaló aún más. Foto: El Periódico
Words Michel Narváez

El Gobierno de España respondió a los ataques diplomáticos por parte del Ejecutivo de Bolivia expulsando también a diplomáticos del país sudamericano de la embajada de esta nación en la capital española.

En un comunicado emitido por voceros del Gobierno de España, se solicita la expulsión de la embajada de Bolivia en Madrid del encargado de negocios, Luis Quispe Condori; del agregado militar, Marcelo Vargas Barral; y del policial, Orso Fernando Oblitas Siles. El documento resalta lo siguiente “en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia, (rechazamos) tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España”. El comunicado también revela lo siguiente:

“Cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias. España exige que el actual Gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación”.

La acción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez llega días después de que el Ejecutivo encabezado por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expulsara a diplomáticos españoles y mexicanos de la nación latinoamericana, dándoles 72 horas para dejar Bolivia.

Áñez y su gabinete declararon personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y además, a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado. También solicitaron la expulsión de un grupo de policías españoles.

De acuerdo con Áñez, “este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”. Áñez adicionó lo siguiente:

“(Decidimos) declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntos diplomáticos encapuchados y armados. La conducta hostil (de estos funcionarios) intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y a los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar”.

La decisión de Áñez se basó en el incidente que se registró el pasado viernes en la entrada de la Embajada de México en La Paz, a la que acudieron la encargada de negocios y el cónsul español, escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, por invitación de la embajadora mexicana; cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la Embajada mexicana, les impidieron el paso y un grupo de civiles comenzó a golpearlos. Al advertir que los estaban grabando y fotografiando, los funcionarios se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.

Vale recordar que la embajada de México acogió a Evo Morales, ex presidente de Bolivia, una vez que este renunciara, y presuntamente pagaría USD $2 millones para asilarlo en México — posteriormente, Morales visitó Cuba, y ahora se encuentra en Argentina con el estatus de refugiado político. La embajada mexicana también acogió a los hijos de Morales y a otros diplomáticos bolivianos afectos a su gobierno.

Con el objetivo de proteger a los más de 10 mil mexicanos que viven en Bolivia, el Gobierno mexicano no responderá con medidas recíprocas al Ejecutivo de Bolivia. Las naciones no romperán relaciones y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la  mantendrá a nivel de una Encargada de Negocios, el mismo tratamiento diplomático que México mantiene con Venezuela. La cancillería ha pedido el retorno al país de la embajadora María Teresa Mercad con el fin “de resguardar su seguridad e integridad”.

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