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Perspectives

España: Multas de hasta 187.000 euros para empresas que no corrijan desigualdad salarial entre hombres y mujeres

Las empresas que no cumplan con el nuevo decreto se enfrentarán a un indicio de discriminación por género y se podrán llevar a cabo "acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas". Fotografía: Juan Carlos Hidalgo/EFE
Words mor.bo

El Consejo de Ministros español aprobó el día de hoy una ley que obliga a las empresas a adaptar sus registros salariales y a realizar auditorías en los próximos seis meses para cumplir con la nueva normativa que pretende reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las normas relativas a la fueron presentadas por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, e Irene Montero, ministra de Igualdad. La regulación, que entraría en vigor el próximo mes de abril, obliga a las empresas a cumplir con mecanismos de transparencia salarial por parte de las empresas y accesibles a los trabajadores a través de sus representantes.

“Se acabó que en las empresas las mujeres no podamos ejercer los derechos de ciudadanía”, dijo la ministra de Trabajo, quien reveló que la brecha salarial en España ronda el 22% y, en muchos casos, no se puede ver en dónde están esas desigualdades. Además señaló que los trabajos ejercidos por las mujeres “son los peor valorados y retribuidos en el conjunto de la sociedad”, asegurando que al tener acceso a los registros salariales saldrá a la luz la desigualdad en las empresas, por lo que los trabajadores podrán denunciar a la Inspección de Trabajo prácticas que pueden conllevar multas de hasta 187.000 euros para los patronos.

De acuerdo con El Mundo, la nueva ley exige a las empresas “una política proactiva por la igualdad a través de la elaboración junto a los representantes de los trabajadores de planes de igualdad en los que se acuerde un diagnóstico de la situación y se tomen medidas para lograr la igualdad”.

De igual manera, el decreto obliga a presentar estos planes en aquellas empresas con más de 50 trabajadores, que deben informar de la clasificación profesional de la plantilla en función de su género, de la formación que ofrece la empresa y que justifique la selección del personal o de la promoción profesional o de las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. También deben contemplar las retribuciones, la infrarrepresentación femenina si la hubiera, y los planes de Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Pese a que la nueva ley fue discutida con sindicatos y empresarios, no hubo unanimidad: muchos empresarios estuvieron en desacuerdo por la manera en que Gobierno y sindicatos decidieron implantar la igualdad salarial en las empresas.

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