El Tribunal Constitucional español dictó el día de hoy una sentencia que elimina parte de la ley LGBTQI+ de la Comunidad de Madrid, específicamente el artículo que limitaba la capacidad de las asociaciones LGBTQI+ para participar en procesos penales y administrativos sancionadores. Esta decisión se produjo tras un recurso presentado por el Gobierno central contra la normativa aprobada por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El motivo principal del recurso fue que el artículo impugnado invadía las competencias estatales en materia procesal y dificultaba el reconocimiento legal de asociaciones con interés legítimo en los procedimientos judiciales.

La ley LGBTQI+ de la Comunidad de Madrid, junto con la ley Trans, ha sido objeto de controversia y ha sido vista como una regresión en los derechos del colectivo LGBTQI+. El Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, consideró que ciertos artículos de estas leyes sobrepasaban las competencias autonómicas y afectaban a la legislación procesal y administrativa, que es exclusiva del Estado. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebró la decisión del Tribunal Constitucional, calificándola como un avance en la protección de los derechos LGBTQI+.

El artículo impugnado limitaba la capacidad de las asociaciones LGBTQI+ para personarse en procesos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representaban a víctimas o perjudicados con su consentimiento explícito. Esto impedía, por ejemplo, que una asociación del colectivo hiciera acto de presencia como acusación popular en casos de agresión por motivos de odio. Esta limitación fue vista como un obstáculo para la defensa efectiva de los derechos de las víctimas de delitos de odio.

La sentencia del Tribunal Constitucional fue aprobada con una amplia mayoría, con solo un voto en contra del magistrado conservador José María Macías. El tribunal argumentó que la Asamblea de Madrid no justificó adecuadamente la invasión de competencias estatales al aprobar la medida, y que la decisión se basa en la doctrina constitucional que establece que la legislación procesal es competencia exclusiva del Estado.

La reforma de la ley LGBTQI+ de la Comunidad de Madrid fue aprobada en diciembre de 2023 con el apoyo del Partido Popular y Vox en la Asamblea de Madrid. El objetivo declarado de la reforma era corregir “excesos” en la redacción original de la ley para evitar que la igualdad ante la ley se convirtiera en un instrumento de “ingeniería social”. Sin embargo, el Gobierno central recurrió esta norma, argumentando que invadía competencias estatales.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?