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EE.UU.: Biden presenta reforma migratoria que legalizaría a más de 3 millones de indocumentados

Con los cambios, las parejas LGBTQ+ también recibirán el mismo trato en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Fotografía: NPR
Words Carlos Turmero Reading 4 minutos

El gobierno de Joe Biden presentó formalmente un nuevo proyecto de ley de inmigración en el Congreso: la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021. El proyecto de ley, presentado por la representante Linda Sánchez (demócrata de California) y el senador Robert Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), incluye disposiciones que afectarían a todos los aspectos de lo que la administración considera “un sistema de inmigración roto”, así como una oportunidad para “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses a nuestro sistema de inmigración”.

La pieza central del proyecto de ley es un camino de ocho años hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 1° de enero de 2021. También incluye disposiciones que abordarían las causas subyacentes de la migración, ampliarían el número de visados y tarjetas de residencia disponibles, invertirían en tecnología e infraestructuras en los puertos de entrada en la frontera, eliminarían los obstáculos al asilo y reforzarían la protección de los trabajadores inmigrantes, según reseña VOX.

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Inicialmente, los inmigrantes podrían obtener un permiso de trabajo y viajar al extranjero con la seguridad de que se les permitiría volver a entrar en Estados Unidos. Al cabo de cinco años, podrían solicitar la tarjeta de residencia si superan los controles de antecedentes y pagan los impuestos.

Sin embargo, los inmigrantes amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y el Estatus de Protección Temporal, así como los trabajadores agrícolas, podrían solicitar la tarjeta verde (la famosa green card) inmediatamente. Después de mantener su tarjeta verde durante tres años y pasar por controles de antecedentes adicionales, podrían solicitar la ciudadanía estadounidense.

Entre otras reformas del sistema de inmigración legal, el proyecto de ley incluye, en particular, una disposición que impide a los presidentes imponer prohibiciones categóricas a la inmigración. También eliminaría los obstáculos a la inmigración familiar, como los largos retrasos en la tramitación de visados y las tarjetas verdes basadas en el empleo, que han sido relativamente inaccesibles para los trabajadores de los sectores con salarios más bajos.

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) estima que casi 3.3 millones de personas se beneficiarían de esta reforma, entre ellos más de 1.3 millones de dreamers, como se conoce a quienes llegaron junto a sus padres indocumentados y han hecho prácticamente toda su vida en Estados Unidos.

Algunos republicanos ya han advertido que el proyecto de ley “volvería a las políticas radicales de izquierda que incentivarán la inmigración ilegal y promoverán un flujo interminable de extranjeros en Estados Unidos”. Pero los demócratas se han mostrado hasta ahora reacios a decir que están dispuestos a negociar con los republicanos el refuerzo de la seguridad fronteriza más allá de la modernización de los puertos de entrada o la reducción de las disposiciones de legalización del proyecto de ley.

De acuerdo con ABC, el proyecto de ley también reforma los procesos de inmigración legal al dejar de contabilizar a los cónyuges e hijos menores de edad en la cuota de visados asignados a un país. También significa que las parejas LGBTQ+ recibirán el mismo trato en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según un funcionario de la administración. Por otra parte, el número de visados de diversidad emitidos para países con bajos índices de inmigración a EE.UU. aumentará de 55.000 a 80.000.

Dada la gran cantidad de disposiciones incluidas en el proyecto de ley, no está claro si será posible alcanzar un consenso entre la mayoría. Sin embargo, lo que está claro es que, si se aprueba el proyecto de ley, sería el primer proyecto de reforma migratoria importante que se aprueba en el Congreso desde 1996.

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