¡Espera un poco!
Read and listen

No tienes nada aún. ¿Ya viste lo nuevo en nuestra Store?

Ayy, close that door, we blowin' smoke
Perspectives

Ecuador: Caso de Paola Guzmán, quien se suicidó tras sufrir abuso sexual educativo, llega a la CIDH

Las Tesis exigieron justicia para Paola Guzmán Albarracín en Quito. Foto: France 24
Words Michel Narváez

La muerte de Paola Guzmán Albarracín, una joven ecuatoriana que se quitó la vida a los 16 años luego de que fuese víctima de abuso sexual por el vicerrector del plantel educativo donde estudiaba, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se convierte en el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo, en llegar a la CIDH.

De hecho, el caso en contra del estado de Ecuador que involucra al ahora ex vicerrector del Colegio Fiscal Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, Bolívar Espín, quien tenía 66 años de edad cuando cometió el crimen, comenzó el marte 28 de enero en una Corte en Costa Rica. Los demandantes también intentarán poner tras las rejas al médico de la institución — quien no ha sido identificado — por su participación en el delito de violación sexual (rol que explicaremos a continuación).

La muerte de Paola llegó el 12 de diciembre del 2002 con una nota de despedida que le dejó a su madre, Petita Albarracín, en la que le pedía perdón por acabar con su vida y se despedía del calvario que vivió en el plantel internado. La nota decía lo siguiente:

“Querida mamita: quiero pedirle perdón por lo que hice. Yo sé que será mejor para ustedes. Aunque yo ya no estoy aquí, la seguiré queriendo desde allá arriba”.

Paola había sido victima de abuso sexual por parte del vicerrector del plantel desde que tenía 14 años de edad. Salió embarazada, y para encubrir el delito, Espín le dijo al doctor de la institución que le realizara un aborto (de manera ilegal, ya que el aborto aún no es legal en Ecuador y tampoco tenía el consentimiento de sus padres) y el medico aceptó, pero con la condición de que Paola mantuviera relaciones sexuales con él primero.

Tras los abusos, la joven decidió suicidarse, y consumió las sustancias de unos fuegos artificiales muy populares en Ecuador, que llevan por nombre Diablitos. Consumió 11 de ellos.

Después de ingerir los Diablitos, empezó a mostrar síntomas de envenenamiento y fue trasladada a la enfermería por sus amigas, pero nadie en el plantel hizo algo por salvar su vida. Tampoco le avisaron a su madre. En lugar de brindarle ayuda urgente, le dijeron a sus compañeras que rezaran por “el pecado que había cometido”.

Después de su muerte, la madre de la víctima insistió en conseguir justicia por el fallecimiento de su hija, pero le ha tomado 18 años de lucha en conseguir este histórico juicio. Al inicio del proceso, Albarracín lamentó que su hija tendría ahora hoy 33 años de edad y negó saber del sufrimiento que vivió en la escuela.

“Nunca me di cuenta de lo que estaba pasando y ella se lo llevó a la tumba, porque estuvo amenazada por este hombre. Ella es una niña que estuvo amenazada”.

La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana ante la Corte, señala que el Estado es responsable por la violencia sexual que habría conducido a la muerte de la menor, así como por la falta de diligencia en la investigación que permitió que el caso prescribiera. En un comunicado, la corte manifestó lo siguiente:

“El Vicerrector, en su carácter de servidor público en una institución educativa, aprovechó su posición de autoridad para asediar continuamente a Paola y finalmente establecer con ella una relación de naturaleza sexual”.

Alejandra Cárdenas, directora adjunta del Programas Globales del Centro de Derechos Reproductivos, que actúa como representante de las víctimas en el proceso, dijo a EFE que este caso es emblemático no solo para América Latina, sino a nivel mundial.

“Este caso va a tener impacto por todo el mundo porque los sistemas de justicia de derechos humanos tienen una deuda pendiente con las mujeres y las niñas. Esa deuda está en determinar con claridad que cuando las niñas y las mujeres tenemos relaciones sexuales que no hemos consentido o con personas que tienen una postura de autoridad e influencia, esas relaciones son abusivas”.

Entre tanto, la representante del Estado, María Fernanda Álvarez, quien es directora nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría de Ecuador, expresó en la audiencia el reconocimiento de la responsabilidad estatal en cuanto a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y la falta de prevención. Sin embargo, los representantes de la víctima aseguran que este reconocimiento es insuficiente. En respuesta, Cárdenas comentó lo siguiente:

“Nos parece importante que el estado reconozca que ha sido negligente en la investigación del caso y que fue por negligencia que terminó prescrito el proceso, pero nos parece preocupante que no haya tenido la misma grandeza para reconocer las otras violaciones, particularmente el acoso sexual, el clima de normalización, y el grado de tortura que la llevó al suicidio”.

Tras la audiencia de este martes, la CIDH dará un plazo de un mes a las partes para que presenten sus alegatos finales por escrito, y a partir de entonces podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.

Bolívar Espín tiene 84 años, está libre, y posiblemente sigue vivo. 

Despues de leer, ¿qué te pareció?

  • 1
    Me gustó
  • 1
    Me prendió
  • Lo amé
  • 1
    Me deprime
  • WTF!
  • Me confunde