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Perspectives

¿Cómo son los centros de detención para inmigrantes en México a los que las ONG no tienen acceso?

Muestra del hacinamiento que se vive en el centro de inmigrantes de Tapachula. Fotografía: El Diario de Cuba
Words mor.bo

Las últimas dos semanas han estado bastante ocupadas para las autoridades de inmigración de México, pues desde el 18 de enero, el gobierno mexicano dice que ha “asistido en el retorno” de más 2.303 inmigrantes centroamericanos a sus países de origen. La frase “retornos asistidos” significa realmente deportados, pero gran parte del lenguaje oficial que se refiere a la migración en México sigue siendo eufemístico, según los críticos, incluso cuando las políticas de migración del gobierno se han endurecido.

México ha estado bajo la presión de la administración Trump, con amenazas de aranceles y sanciones, para que haga más por detener a los migrantes que llegan a los Estados Unidos. La semana pasada, el Subsecretario de Seguridad Nacional en funciones, Ken Cuccinelli, elogió a México por sus esfuerzos más recientes. Casi todos los deportados eran hondureños, y la mayoría formaban parte de una gran caravana que había entrado en México ilegalmente, con la esperanza de llegar a los EE.UU. Los funcionarios mexicanos dicen que todas las deportaciones se hicieron de acuerdo con la ley y con pleno respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, los defensores de los migrantes lo refutan, diciendo que están preocupados por las nuevas y cada vez más draconianas políticas de México hacia aquellos que huyen de la pobreza crónica y las pandillas violentas. Pero la dureza de estas políticas no es inmediatamente obvia cuando se escucha el lenguaje utilizado por los funcionarios mexicanos, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus conferencias de prensa matutinas diarias, el presidente describe las deportaciones masivas de centroamericanos como “retornos asistidos”. El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, la persona clave de la administración en asuntos de inmigración, usa el mismo término y corrige a los reporteros que no lo hacen.

La semana pasada, el día después de que las tropas mexicanas reunieron a un grupo de 800 migrantes que habían cruzado el río Suchiate, poco profundo, de Guatemala a México, Ebrard interrumpió a un reportero que preguntó cuántos migrantes había detenido México. “No están detenidos”, insistió Ebrard. “Están en estaciones de migración”. Ese es el eufemismo que el gobierno usa para referirse a los centros de detención de migrantes. Esa redacción ha sido común durante años, pero los críticos dicen que ahora es más discordante, dado el endurecimiento de la política migratoria de México.

“Su lenguaje a menudo no se ajusta a la realidad”, dice Eric Olson, del Wilson Center en Washington, D.C. “Hay veces en que a los migrantes no se les da otra opción que firmar salidas ‘voluntarias’ o se les obliga esencialmente a aceptar ‘retornos asistidos'”, dice. Olson, que ha visitado los centros de detención mexicanos durante los últimos ocho años, dice que está claro que los migrantes en México no pueden moverse libremente y tienen una comunicación limitada. Los centros “son esencialmente instalaciones de detención, aunque a las autoridades mexicanas no les gusta usar ese lenguaje”, dice.

Si bien durante el último año se ha documentado ampliamente las condiciones infrahumanas en las que los inmigrantes centroamericanos deben sufrir en los centros de detención estadounidenses, lo cierto es que las instalaciones mexicanas no se alejan mucho de esta realidad. Según reporta El País, la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula es la más grande, con una capacidad para 960 personas. “Ubicada en la ciudad más importante de toda la frontera sur con Guatemala, aglutina el flujo de migrantes detenidos en carreteras, caminos y rincones perdidos de la selva”, dice el diario.

“Todos los que van a ser deportados tienen que pasar por este centro, excepto los llamados extracontinentales, africanos, asiáticos y todos aquellos cuyo regreso obligue a subirse a un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México o de Toluca”, explica Aldo León, de Voces Mesoamericanas. Según cifras, entre enero y noviembre de 2019 fueron detenidas 179.335 personas, de ellas 77.380 fueron en el Estado de Chiapas. “Dormíamos sentadas, ni siquiera había una cama para cada una de nosotras. Nos trataban como a perros”, contó Sara Gómez, quien estuvo en el lugar. “Nos decían que la comida ahí lleva yodo para que se nos quite el hambre. Todo el día te la pasas haciendo fila para comer solo una vez”.

Esta semana, se activaron las alarmas cuando la agencia de inmigración de México anunció que había suspendido temporalmente las visitas de grupos cívicos, activistas y religiosos a los centros de detención de migrantes. Tales visitas han servido por mucho tiempo como una salvaguarda para comprobar el tratamiento de los migrantes, algunos de los cuales se han quejado en el pasado de hacinamiento, detención prolongada y condiciones insatisfactorias. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en México escribió que la labor de esos grupos cívicos “es una contribución fundamental” a los migrantes.

La Ley de Migración mexicana establece en su artículo 226 que todo migrante que se encuentre en una estación o estancia provisional tiene derecho a ser visitado por familiares o “representantes de organismos no gubernamentales”. Estas organizaciones hasta ahora tenían permisos permanentes de acceso y un calendario de visitas acordado con la institución.

El Instituto Nacional de Migración no dio ninguna razón para suspender las visitas, diciendo solo que “la reprogramación de las visitas dependerá de la carga de trabajo de cada centro de migrantes, con el objetivo de proporcionar servicios a los migrantes para que continúen sin interrupción”. El instituto dijo que notificaría a los grupos cuándo se les permitiría volver a los centros, que generalmente están cerrados a la prensa y al público. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, que supervisa el instituto, escribió más tarde en su cuenta de Twitter que la suspensión “no fue autorizada por los superiores” y dijo que “negaba” el anuncio. No estaba claro si eso significaba que ahora se permitirían las visitas.

Los activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, dicen que “las condiciones en el interior son malas, no hay buena higiene, hay maltrato físico de los migrantes y falta de atención médica”, dice Salva La Cruz, activista del centro. La Cruz dice que las autoridades de inmigración notificaron al centro de derechos humanos que ya no tendría acceso al centro de detención porque no había actuado profesionalmente ni respetado los horarios de funcionamiento. La Cruz niega la acusación y dice que su grupo está apelando el fallo. “El gobierno está usando este doble discurso para controlar su imagen. Están obsesionados con proporcionar resultados a los EE.UU. sin tener en cuenta los derechos humanos de las personas”.

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