Colombia: Ex oficiales del ejército admiten ejecución de civiles presentados falsamente como miembros de grupos armados
Diez ex miembros del ejército colombiano reconocieron públicamente esta semana su papel en los asesinatos de más de 100 civiles en 2007 y 2008, que fueron presentados falsamente como miembros de grupos armados muertos en combate con el ejército. Las admisiones se hicieron el martes durante una histórica audiencia pública del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, donde tuvieron lugar los asesinatos.
El tribunal fue creado en virtud de un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su objetivo es juzgar a los excombatientes, repartiendo castigos alternativos a cambio de la revelación completa de los incidentes que tuvieron lugar durante el conflicto armado interno de Colombia, que duró décadas. Un ex general del ejército, cuatro coroneles, otros cinco oficiales del ejército y un civil declararon que participaron en el secuestro de 120 jóvenes de la localidad de Ocana y comunidades vecinas para matarlos y presentarlos posteriormente como miembros de la guerrilla de izquierda y otros grupos armados que operaban en la zona.
“Reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor de estos crímenes de guerra”, dijo Néstor Gutiérrez, que era el cabo de la 15ª brigada móvil cuando ocurrieron los asesinatos. “Matamos a gente inocente, a campesinos. Quiero subrayar esto: los que matamos eran simples campesinos”, dijo, y añadió que la presión de los altos mandos y las “exigencias de resultados” influyeron en lo ocurrido. El escándalo de los llamados “falsos positivos” ha sacudido a Colombia, ya que los seres queridos de las víctimas llevan décadas exigiendo justicia y responsabilidades, e insistiendo en que sus familiares no estaban involucrados con los grupos armados.
El año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que los militares colombianos llevaron a cabo más de 6.400 de estas ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, cuando el presidente Álvaro Uribe estaba en el poder. Pero los grupos de derechos y los familiares han dicho que la cifra real podría ser mucho mayor. Decenas de personas — entre ellas, unos 50 familiares de las víctimas — asistieron a la audiencia como la última oportunidad que se les brindaba para tratar de obtener algún tipo de cierre. La jueza Catalina Díaz la calificó como una audiencia de “verdad y rendición de cuentas”, diciendo que se espera que los ex militares “se expliquen claramente, respondan a las preguntas y lo más importante, asuman su responsabilidad directa frente a las víctimas y el país”.
La audiencia se produce apenas unas semanas después de que el ejército colombiano fuera acusado de matar al menos a cuatro civiles durante una operación realizada a finales de marzo en una comunidad indígena que, según el ejército, tenía como objetivo a los disidentes de las FARC. Múltiples supervivientes declararon recientemente que entre las víctimas se encontraban Brayan Santiago Pama, de 16 años, y el líder indígena local Pablo Panduro Coquinche. El organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas ha instado a Colombia a procesar a los responsables.
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