A principios de este año y con motivo de la visita papal a Chile, un encuesta de opinión hecha por Latinbarómetro develó que es junto a Uruguay, somos el país con la menor confianza en la Iglesia de toda Latinoamérica, con menos de seis puntos porcentuales. Sin embargo, parece que la pequeña población que sí tiene vida religiosa en Uruguay, decidió manifestarse esta semana con el volumen bastante alto para oponerse a una nueva ley que se discute en ese país, y que tiene como objetivo defender los derechos de la población transgénero.

De acuerdo con France24, la Ley Integral de Personas Trans” ingresó al Parlamento a finales de 2017, pero en lo que lleva de año, ha generado gran debate en el órgano legislativo, pues varios diputados se han planteado dudas con respecto a algunos artículos, en particular a uno que contempla la posibilidad de que menores de edad se sometan a intervenciones quirúrgicas y hormonales para cambio de sexo sin la aprobación de sus padres.

Esta ha sido justamente la principal razón de los opositores de la ley, que además, propone medidas de discriminación positiva como acceso a becas; puestos de trabajo en el estado; la gratuidad de la operación de cambio de sexo; facilitación del cambio de identidad, y una indemnización mensual a las víctimas trans de la represión durante la dictadura. Todo con el fin de aumentar la esperanza de vida de esta población vulnerable, y ofrecerles más posibilidades de supervivencia más allá de la prostitución.

Para muchos llegó de sorpresa el hecho de que esta semana llegaran 40.000 firmas contra la ley, lo cual ha causado además revuelo político pues la mayoría de los firmantes pertenecen a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, quienes presentaron la petición en el Parlamento. Pese a que los colectivos y organizaciones no gubernamentales de apoyo a las comunidades LGBTQI+ de ese país han declarado con cifras y estudios que sustentan su apoyo a la ley, la coalición gubernamental, el Frente Amplio, decidió que ante las protestas debían suprimir la autorización de las operaciones de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres.

Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes. Hasta los momentos, la coalición tiene una mayoría suficiente para conseguir que se apruebe la ley, pero desean obtener la mayor cantidad de votos en el parlamento y apoyo de la opinión pública antes de que la normativa sea aprobada a finales de mes.

Según estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Mides, la población trans en ese país tiene una esperanza de vida de 35 años (la media nacional es de 77 años); el 67,5% tiene o tuvo que prostituirse para generar ingresos; 87,9% no termina la secundaria; 88% es discriminado en ámbitos educativos; 25% tiene que abandonar su hogar antes de los 18 años porque sus familias no los aceptan y; 18% no asiste a un centro de salud cuando lo necesitan por miedo a ser discriminados.

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