El Ministerio de Consumo de España anunció el día de hoy que la plataforma Airbnb ha retirado cerca de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales, tras meses de conflicto con el Gobierno. La eliminación se produce después de la apertura de un expediente sancionador a la plataforma y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara las exigencias del Ejecutivo, obligando a Airbnb a cumplir la nueva normativa que exige un número de registro para poder anunciar alojamientos turísticos en la nación europea.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, destacó que esta decisión llega tras semanas de tensión y negociación con la compañía. Airbnb, que inicialmente recurrió la exigencia ante los tribunales, firmó un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para adaptarse a la normativa en vigor desde el 1 de julio, la cual busca un mayor control sobre la oferta de alquiler turístico.

Además de los anuncios eliminados, la Unidad de Análisis de Consumo ha localizado otros 54.728 anuncios de alojamientos turísticos sin el número de registro obligatorio. Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy han indicado que trasladarán esta información a la plataforma para que se eliminen o rectifiquen estos anuncios, siguiendo lo establecido en el marco legal español. El registro obligatorio es una medida que pretende identificar y regular las viviendas que se ofrecen con fines turísticos.

El Gobierno considera que el endurecimiento de la regulación del alquiler turístico ayudará a proteger el derecho constitucional a la vivienda frente a las prácticas de grandes multinacionales como Airbnb. El objetivo es frenar la proliferación de pisos turísticos fuera del marco legal y responder a la preocupación social por el encarecimiento de la vivienda en las ciudades más visitadas del país.

Vale la pena destacar que no solo Airbnb está bajo la lupa. Consumo mantiene abiertas investigaciones contra grandes gestores de alojamientos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, como hacerse pasar por propietarios particulares siendo empresas, manipular reseñas o publicitar servicios que ya están garantizados por ley. También se han iniciado expedientes sancionadores contra empresas inmobiliarias por supuestas comisiones ilegales a inquilinos. 

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